Por primera vez en la historia, el número de personas en extrema pobreza ha superado los 1.200 millones, de las que el 70% son mujeres.

Los efectos de la crisis económica internacional son aún más severos entre las personas más empobrecidas y vulnerables, por eso es impostergable que los gobiernos europeos cumplan sus compromisos en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, en los últimos dos años se observa una preocupante tendencia de disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) europea, que pasó del 0,51% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 2006 al 0,49% en 2007.

Esta situación debe revertirse y alcanzar el compromiso político y financiero del Consenso Europeo sobre Desarrollo de destinar el 0,7% en 2015.

España, como presidente de turno de la Unión Europea para los próximos 6 meses, debe jugar un papel de liderazgo y movilizar a los gobiernos en la reducción y la erradicación de la pobreza como objetivo principal de la política de la Unión en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, como así fue consensuado en el Tratado de Lisboa. Esto requiere que la política de cooperación para el desarrollo tenga entidad propia y no constituya un complemento de la Política Exterior y de Seguridad Común.

El contexto de crisis global debe ser aprovechado para democratizar el sistema económico y financiero internacional y promover un modelo de desarrollo más justo, sostenible y centrado en las personas.

En septiembre, Naciones Unidas convocará a los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo a la Cumbre de revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su décimo aniversario y a 5 años de que concluya el plazo para su logro.